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Los movimientos nacionales, como el que hay detrás de esta manifestación en Santiago de Chile, han ayudado a impulsar los cambios en los campus.

MARCELO HERNÁNDEZ/GETTY IMAGES

‘Se prendió la chispa’: Científicas de Latinoamérica intensifican la lucha contra el acoso sexual

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Durante décadas, desde su base en la Universidad de Los Andes (Uniandes) en Bogotá, Colombia, el biólogo Adolfo Amézquita Torres se hizo de una reputación con el estudio de las diversas ranas venenosas, coloridas como joyas, de los Andes y la Amazonía. Pero en el campus tenía una fama más oscura, según decenas de quejas de antiguos y actuales estudiantes. Lo acusan de malos tratos a las mujeres, entre ellos favorecer y abusar emocionalmente de las alumnas con las que salía, así como ejercer represalias contra las que rechazaban sus insinuaciones o protestaban por su conducta. A principios de este mes, las autoridades de la universidad concluyeron que era culpable de acoso sexual y conductas inapropiadas, y lo despidieron en un momento decisivo para la universidad—y en el marco de un creciente esfuerzo para combatir la conducta sexual inapropiada en los campus de Latinoamérica—.

Amézquita Torres, quien hasta hace poco dirigía el departamento de biología de la Uniandes, confirma a Science que sí tuvo relaciones consensuadas con estudiantes, pero afirma que dichas relaciones durante mucho tiempo se consideraban aceptables y que él no infringió deliberadamente ninguna regla universitaria. Niega haber acosado, favorecido o tomado represalias contra nadie, y asegura que apelará la decisión del 6 de febrero, alegando que el proceso fue defectuoso e injusto. Promete "utilizar todas las herramientas legales disponibles para recuperar cuanto pueda de mi dignidad".

El despido marcó un dramático giro para una tortuosa controversia de casi 15 meses que dividió profundamente a una de las universidades privadas más prestigiosas de Latinoamérica y que fue seguida de cerca por los medios de comunicación colombianos y por los grupos activistas de los derechos de las mujeres. Fueron muchos los que aplaudieron la decisión de la universidad. "Esto va a enviar un enorme mensaje... Creo que los docentes serán mucho más cuidadosos", afirma la ecóloga Ximena Bernal, quien es originaria de Colombia y obtuvo su licenciatura en la Uniandes, y ahora trabaja en la Universidad Purdue.

Pero ella y otros más se quejan de que la investigación de la Uniandes se vio empañada por la torpeza burocrática y por la falta de transparencia. Afirman que los pasos en falso, entre ellos el de revertir una decisión previa de despedir a Amézquita Torres, ponen de manifiesto la manera en que las universidades de Latinoamérica están teniendo problemas para proteger a las mujeres en culturas que durante mucho tiempo han tolerado, e incluso celebrado, el privilegio masculino y un conjunto de actitudes conocidas como machismo.

"Existe una amplia variación de una universidad a otra, pero algunos lugares exhiben un machismo descontrolado y casi institucionalizado", dice Juan Manuel Guayasamín Ernest, herpetólogo de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Y, si bien las mujeres han ganado terreno durante los últimos años en materia de empleo y estatus en las universidades latinoamericanas, la mayoría de las instituciones de investigación, afirma, siguen "dominadas por hombres rodeados de más hombres".

Esta demografía masculina ha ayudado a promover una atmósfera a veces tóxica para las mujeres en el mundo académico, incluidas las docentes y estudiantes de ciencias, de acuerdo con docenas de investigadores de toda Latinoamérica que han hablado con Science. El machismo puede disuadir activamente a las mujeres de seguir una carrera en investigación científica, asegura Bernal. "Hemos perdido muchas científicas por esta razón".

Algunos lugares exhiben un machismo descontrolado y casi institucionalizado.

Juan Manuel Guayasamin Ernest, Universidad San Francisco de Quito

Muchas universidades de la región carecen de políticas formales para denunciar, investigar o penalizar el abuso o la conducta sexual inapropiada, o no aplican rigurosamente sus políticas pese a tenerlas. Y los administradores de los campus durante mucho tiempo han mirado hacia otro lado ante comportamientos potencialmente problemáticos, como en el caso de profesores que tienen relaciones con estudiantes. Las mujeres que denuncian estos problemas pueden acabar siendo víctimas de represalias o difamaciones públicas. "Es muy común escuchar... 'Ah sí, esas feminazis, no son más que gente loca'", afirma Jennifer Stynoski, herpetóloga estadounidense que trabaja en la Universidad de Costa Rica, en San José.

Pero ahora la tendencia podría estar cambiando. En la Uniandes y en otros lugares, las autoridades se están comprometiendo a adoptar políticas más severas y a hacerlas cumplir. En algunos países, los legisladores y las agencias están adoptando nuevas normas nacionales para denunciar el acoso sexual en los campus y centros de investigación. En 2019, más de 250 investigadores firmaron una carta publicada en Science en la que instaban a "científicos e instituciones de toda Latinoamérica a ser conscientes del daño que el machismo y su negación inflige a las mujeres y a la misión de la ciencia en general", así como a tomar medidas más severas para disuadir conductas inapropiadas. Y una emergente constelación de grupos activistas ha aumentado la presión para la reforma a través de campañas en redes sociales, recursos legales y otras estrategias, incluidas marchas y tomas de edificios universitarios.

"En los países de Latinoamérica, en los últimos 5 años más o menos, hemos tenido este movimiento en contra de la violencia y el acoso por motivos de género", afirma Mario Pecheny, investigador de ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. "Se ha levantado una enorme movilización de mujeres".

Las naciones de Latinoamérica presentan algunas de las tasas de violencia contra las mujeres más altas de todo el mundo, según un informe de Naciones Unidas de 2017. Los campus universitarios no son la excepción. La Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, encuestó a 1602 de sus estudiantes mujeres y descubrió que más de la mitad afirmaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual mientras estaban en el campus o durante actividades relacionadas con la universidad. (Los resultados de la encuesta fueron publicados por primera vez por Vice Colombia). El acoso verbal y la discriminación son, como mínimo, igual de frecuentes.

Pero cuando las víctimas acuden a los responsables universitarios para denunciar un caso de acoso o una agresión, frecuentemente chocan con la indiferencia o la confusión. Esto se debe en parte a que muchos administradores carecen de una guía. En 2019, los periodistas Ketzalli Rosas, Jordy Meléndez Yúdico y un equipo de 35 reporteros de Distintas Latitudes, una plataforma digital de noticias que cubre Latinoamérica, realizó una encuesta en 100 universidades de 16 países latinoamericanos y descubrió que el 60% carecía de políticas para gestionar las quejas por acoso sexual.

Janneke Noorlag, una inmigrante holandesa en Chile, experimentó de primera mano las consecuencias de estos huecos cuando era estudiante de maestría en asentamientos humanos y medio ambiente, en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), en Santiago. En el 2015, el esposo de Noorlag y otro profesor, actuando en nombre de ella, presentaron una queja por agresión sexual contra uno de los compañeros de clase de Noorlag y un segundo hombre. La PUC decidió no investigar los hechos porque "[carecía] de la competencia y de los medios técnicos para investigarlos adecuadamente", de acuerdo con una carta enviada al esposo de Noorlag. La universidad reconoce que, en aquel momento, no disponía de "protocolos específicos sobre violencia sexual".

En cambio, los responsables de la universidad le indicaron a Noorlag que tratara el asunto con las autoridades de justicia locales. (Ella lo hizo, pero se negaron a presentar cargos). Noorlag afirma que finalmente abandonó la PUC debido a la mala gestión de la universidad, como permitir que uno de sus presuntos atacantes continuara asistiendo a clases y ejerciera como profesor asistente. (Un portavoz de la universidad afirma que finalmente se suspendieron las funciones docentes del presunto agresor y, añade, la PUC ahora dispone de una política preventiva para impedir que denunciantes y presuntos agresores asistan a las mismas clases). Pero ahora Noorlag confiesa: "la verdad es que no confío en las autoridades universitarias".

Incluso cuando existe, una política formal "no garantiza nada", asegura Meléndez Yúdico, director de Distintas Latitudes. Afirma que algunas políticas pueden ser difíciles de implementar porque carecen de detalles importantes, como un plazo claro para presentar quejas, definiciones de términos ambiguos y procedimientos para proteger la identidad del denunciante. Y la existencia de una política "no garantiza que haya voluntad para usarla", añade Meléndez Yúdico. Las universidades han permitido que los casos se prolonguen indefinidamente, sin comunicar un tiempo límite para su resolución, afirma Isadora Fragoso, estudiante de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Ciudad de México, y miembro del colectivo estudiantil feminista Rosas Rojas. "Aunque las mujeres acuden a las autoridades correspondientes para presentar quejas... simplemente se quedan archivadas", dice. "Nunca proceden".

Cuando las universidades toman medidas contra presuntos acosadores, el castigo puede parecer muy leve. En 2017, la Universidad Austral de Chile se apresuró a desarrollar una política de conducta sexual inapropiada para profesores tras la presentación de múltiples acusaciones contra un destacado investigador, el bioquímico Alejandro Yáñez Cárcamo. Los denunciantes alegaron que había acosado a una funcionaria que trabajaba para él, que había agredido a una estudiante y que hacía comentarios inapropiados hacia las mujeres. (Yáñez Cárcamo no respondió a una solicitud de comentarios). Tras una investigación, en abril de 2018 la universidad lo suspendió de la docencia durante 2 años, pero le permitió continuar su investigación en una estación de campo.

Por todo Chile estallaron protestas de personas que consideraban que las acciones de la institución no habían sido lo suficientemente severas. En Austral, profesores y estudiantes tomaron un edificio y se declararon en paro. A raíz de eso, la universidad decidió despedir a Yáñez Cárcamo, pero una corte lo restituyó, dictaminando que no se le podía castigar dos veces por el mismo comportamiento inadecuado. En septiembre de 2018, el caso recibió atención de nuevo cuando Yáñez Cárcamo asistió a un evento en el campus, desafiando una petición del rector de la universidad de que se mantuviera alejado. La ecóloga Olga Barbosa, en aquel momento profesora de la universidad, lo confrontó y respetuosamente le pidió que se marchara. Una fotografía de aquel enfrentamiento se volvió viral (ver arriba) y el incidente convirtió a Barbosa, ahora secretaria regional ministerial de la macrozona sur del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, en un ícono para las activistas contra el acoso. (Yáñez Cárcamo sigue perteneciendo al cuerpo académico y el año pasado se le permitió regresar al campus).

En la Uniandes, el polémico caso de Amézquita Torres puso a la vista pública los desafíos a los que se enfrentan las universidades latinoamericanas en la era del #MeToo. Los responsables de la universidad—a la que asisten casi 25,000 estudiantes de licenciatura y posgrado, además de ser considerada una de las 10 principales instituciones de enseñanza de Latinoamérica—comenzaron a revisar las acusaciones contra el herpetólogo en noviembre de 2018, según documentos obtenidos por Science. Esto sucedió solo 2 años después de que la Uniandes se convirtiera en una de las primeras universidades en Colombia en adoptar reglas para reportar e investigar denuncias de comportamiento abusivo y conducta sexual inapropiada. Para entonces, Amézquita Torres, que llegó a la Uniandes en 1985 como estudiante de licenciatura, ya había establecido un activo programa de investigación internacional y se había convertido en jefe del departamento de biología.

A medida que se difundieron los rumores de las quejas en contra de Amézquita Torres, algunos estudiantes y profesores se manifestaron en defensa del docente, alabándolo como mentor e investigador y argumentando que se le atacaba por un comportamiento—específicamente por salir con estudiantes—considerado aceptable durante mucho tiempo. Pero otros adoptaron una perspectiva radicalmente diferente. Los denunciantes, hombres y mujeres, junto con más de 20 personas familiarizadas con el caso entrevistadas por Science, describen a Amézquita Torres como un personaje carismático pero voluble que fomentaba la división. "Pasas de estar en su lado bueno a estar en su lado malo, y luego tienes como esta ira de abuso verbal", afirma un antiguo alumno de la Uniandes que trabajó con Amézquita Torres y pidió no ser identificado por miedo a represalias. "Empieza a no leer tus manuscritos, a descuidarte".

Mónica Pinzón, antigua alumna de Amézquita Torres y ahora productora de documentales, escribió a la universidad el año pasado para describir las represalias de las que ella había sido objeto. Según escribió, en 2003 él le hizo comentarios de índole sexual y la sometió a una "ira desmesurada" cuando ella acampó en una ubicación no aprobada durante un viaje de campo. Después de aquello, "su trato fue terrible. [...] No me leía la tesis. [...] Me amargó el resto del tiempo en el laboratorio", confiesa. Pinzón también estaba angustiada por lo que ella describe como un comportamiento controlador y manipulador por parte de Amézquita Torres hacia su novia de entonces, que era estudiante. La experiencia llevó a Pinzón a abandonar la academia. "Lo único de lo que me arrepiento", afirma, "es de no haber dicho estas cosas antes, cuando estaban pasando".

En entrevistas con Science y en largas declaraciones enviadas a la universidad, Amézquita Torres negó rotundamente muchas de las acusaciones específicas en su contra, incluido haber tomado represalias contra estudiantes. "Yo no hago esas cosas... No soy agresivo con los estudiantes", señaló a Science antes de que la universidad anunciara su despido. Según afirmaba, muchas de las acusaciones eran el resultado de una "caza de brujas" orquestada por una persona que había tenido un conflicto con él relacionado con "política y dinero". "Tener relaciones con los estudiantes", afirmó, "te vuelve vulnerable ante personas con malas intenciones".

Su defensa al final no logró influir en las autoridades universitarias, pero el proceso que llevó a su veredicto fue caótico. A principios de 2019, tras una investigación inicial, la universidad despidió a Amézquita Torres por no revelar sus relaciones sexuales con estudiantes, determinando que dichas relaciones constituían conflictos de intereses. Pero él obtuvo su restitución tras argumentar que la universidad no había seguido los procedimientos adecuados. A continuación, la universidad lo cesó como director del departamento de biología y le impidió realizar tareas docentes, pero le permitió continuar su investigación científica, mientras un panel especial de profesores realizaba una nueva investigación.

En marzo de 2019, temiendo que la universidad fuera a enterrar caso, las denunciantes y sus aliados recurrieron a manifestaciones públicas y otras estrategias para presionar a favor de sus exigencias de más información y acción. En las redes sociales, usuarios dieron amplia difusión al video en el que estudiantes leían en voz alta la declaración de una mujer que denunciaba que Amézquita Torres la había acosado. Casi 300 exalumnos del departamento de biología firmaron una carta dirigida a funcionarios de la universidad, instándolos a aclarar en qué punto se encontraba la investigación. Los aliados de Amézquita Torres respondieron condenando la campaña de presión y el propio investigador acudió a un recurso legal en un intento de silenciar a los medios de comunicación que seguían el caso y a los estudiantes que compartieron el video en las redes sociales. No lo consiguió.

En medio de una creciente batalla pública, llegó un nuevo rector a la Uniandes: el economista Alejandro Gaviria Uribe, exministro de salud de Colombia. A su llegada en julio de 2019, Gaviria Uribe aseguró que llevaría el caso a una resolución "justa y rápida". "Desafortunadamente, el proceso [duró] más tiempo de lo que yo esperaba", dijo a Science a principios de este mes.

Mujeres se manifiestan en Santiago de Chile contra la impunidad de los agresores en un performance público que desde entonces se ha replicado en muchas otras naciones.

JAVIER TORRES/AFP/GETTY IMAGES

Ahora, estudiantes y profesores de ambos lados están asimilando el veredicto. "Antes, [este tipo de comportamiento] estaba normalizado", afirma un miembro del cuerpo docente de la universidad que pidió no ser identificado por temor a represalias. "Pero ahora, con todo el movimiento #MeToo y los varios movimientos de estudiantes mujeres, dejó de serlo y prendió la chispa para que este caso finalmente explotara".

"No se trata solo de él. [...] Es una acción contra la conducta inapropiada en la ciencia", añade una de las denunciantes, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias. "Nos ha costado años, literalmente, pero por fin ha sucedido algo".

Gaviria Uribe ha prometido solucionar los problemas burocráticos que el caso reveló. Aunque el protocolo de conducta sexual inapropiada que la Uniandes adoptó en 2016 "no tiene precedentes en Colombia y tan solo unos pocos en Latinoamérica [...] todavía tenemos mucho que aprender", afirma. Según dice, la universidad planea ofrecer recursos legales a las denunciantes e incorporar cursos sobre cuestiones de género. Las autoridades también deberán definir qué constituye una relación apropiada entre estudiantes y profesores, señala Gaviria Uribe.

Muchos esperan que el campus comience a sanar ahora. Los administradores de la Uniandes transferirán a los estudiantes de Amézquita Torres a nuevos supervisores. Pero la bióloga Catalina Palacios, estudiante de doctorado en la Uniandes que ayudó a algunas de los denunciantes, afirma: "Esperamos días difíciles por delante en términos de tratar de reconstruir la comunidad aquí".

El caso de la Uniandes evidencia el largo camino que les queda por recorrer a las universidades de Latinoamérica para abordar los problemas de acoso sexual. Un paso necesario, afirma Bernal, es que las universidades intensifiquen la capacitación y la concientización. Ella recuerda que hasta que salió de Colombia para ir a Estados Unidos en 2001 no se dio cuenta de que conductas toleradas durante mucho tiempo en las universidades latinoamericanas no estaba bien. Recientemente habló con un grupo de estudiantes ecuatorianas que describían a su universidad como libre de acoso, hasta que Bernal comenzó a hacer preguntas específicas acerca de si sus profesores salían con sus estudiantes y hacían comentarios sexistas. "Ellas respondieron: 'Ah bueno, sí, los hombres son hombres'", cuenta. "Cuando crees que esta es la norma, no te das cuenta de que hay un problema".

En 2018, estas experiencias llevaron a Bernal a circular la carta que finalmente se publicó en Science que pedía la erradicación de esa norma. "Las mujeres científicas latinoamericanas [...] están inmersas en una sociedad donde el orgullo masculino arraigado culturalmente (machismo) está normalizado y profundamente entrelazado con el quehacer científico", escribieron Bernal y el resto de los firmantes. "El machismo promueve actitudes sexistas que a menudo pasan desapercibidas", añadieron. Instaron a los científicos de la región a ser "proactivos en cuanto a reconocer, rechazar y castigar las conductas inapropiadas".

Bernal y otros ven signos de progreso, incluido el reciente aumento en el número de universidades que adoptan políticas y protocolos sobre conducta sexual inapropiada. La UNAM, que adoptó su protocolo en 2016, asegura que ahora ha procesado más de 1200 quejas y expulsado alrededor de 100 presuntos agresores, aunque a veces ha sido tras protestas estudiantiles que incluyeron la toma de edificios. Académicos mexicanos que hacen campaña contra el acoso incluso ha adaptado un popular hashtag: #MeTooAcadémicos. Y en toda Latinoamérica las estudiantes se han pronunciado en las redes sociales con el hashtag #MePasóEnLaU.

Los movimientos de los campus hacen eco de campañas más amplias contra la violencia de género. Brasil tiene #NãoéNão (No es No), Argentina #NiUnaMenos y Chile, Educación No Sexista. En muchos países, activistas han replicado un himno y performance chileno de protesta masiva, llamado "Un violador en tu camino", que incluye a mujeres con los ojos vendados que cantan contra la impunidad para los agresores.

Grupos científicos y gobiernos se están moviendo también para abordar la conducta sexual inapropiada en la investigación científica. En los últimos años, las principales conferencias celebradas en la región— incluidos el Congreso Latinoamericano de Herpetología y el Congreso Colombiano de Zoología—han incorporado simposios sobre este tema. En agosto de 2019, el senado chileno aprobó un proyecto de ley que exige que todas las instituciones patrocinadas por el gobierno desarrollen políticas detalladas de acoso sexual. El proyecto de ley se encuentra ahora esperando su aprobación en la cámara de diputados. Y el ministerio de ciencia de este país anunció recientemente una política de igualdad de género. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina está trabajando para establecer políticas similares en sus centros de investigación.

Pero en muchas naciones latinoamericanas, la inacción es todavía la norma. Pese a ello, Barbosa se siente empoderada por lo que está contemplando. El creciente desafío al machismo, afirma, le ha ayudado a darse cuenta de que "no está loca" por imaginar un futuro mejor para las investigadoras en Latinoamérica. Aquellos que cometen acoso y abuso están comenzando a enfrentarse a las consecuencias, afirma, que es lo que se necesita "para asegurarse de que esto no le suceda a nadie más".